El delito de “corrupción entre particulares” incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por
la LO 5/2010, de 22 de junio, y modificado posteriormente por la LO 1/2015, en el art. 286 bis cp, ha sido
objeto de numerosas críticas, algunas de las cuales serán analizadas en el presente trabajo, como la dificultad de identificación de un bien jurídico, la utilización de una técnica legislativa altamente deficiente,
etcétera. Pero implica la sanción de una serie de comportamientos que pretenden garantizar la existencia
de una competencial leal entre los competidores, siempre que conlleven un beneficio injustificado de unos
frente a otros
The crime of “private corruption “ incorporated into our legal system by LO 5/2010, of June
22, and subsequently modified by LO 1/2015, in art. 286 bis cp, has been the subject of numerous criticisms,
some of which will be the object of analysis in this paper, such as the difficulty of identifying a legal asset,
the use of a highly deficient legislative technique, etc. But it implies the sanction of a series of behaviors
that try to guarantee the existence of a fair competition between the competitors, as long as they entail an
unjustified benefit to one another