Justicia penal militar - justicia especial - conflicto de jurisdicción disparidades en la praxis al acudir ante el órgano constitucional que dirime conflictos de jurisdicción entre justicia penal militar y justicia penal ordinaria

Citación
Fecha
2019Autor
Esteban Rincon, Lenin Manuel
Seccional
Cúcuta
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Resumen
Determinar en Colombia el “juez natural” para el conocimiento de un determinado asunto en materia penal cuando las jurisdicciones penales ordinaria y penal militar y policial lo reclaman o la excluyen, ha sido delegado por la constitución política de Colombia de 1991 de manera excepcional y transitoria al extinguido y posteriormente resucitado consejo superior de la judicatura.
Loable resulta señalar que en Colombia además de la justicia ordinaria penal existe una justicia penal especial encargada de investigar y juzgar a los miembros de la fuerza pública, -militares y policías- quienes en servicio activo lleven a cabo conductas reprochables penalmente que se deriven de la labor o misión endilgada a estos en la carta política, en las leyes o reglamentos, es decir, que ese actuar tiene que guardar relación con el servicio.
Se percibe desde luego, que no hay unanimidad por parte de los integrantes de la sala del consejo superior de la judicatura en estos aspectos, donde atendiendo al magistrado ponente impera una postura o la otra, dejando luctuosamente al azar un asunto magnánimo como este.
esta inseguridad jurídica producto de la disparidad en criterios en la praxis judicial en Colombia, ha llevado que la falta de decisiones de fondo en un conflicto de competencias de jurisdicciones entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria contribuya a la congestión por demora judicial y afecte derechos fundamentales, entre otros, la dignidad humana del receptor de la ley penal –miembro de la fuerza pública-, transgresión al debido proceso, vulneración al principio del juez natural y al principio de no ser sometido a dos investigaciones penales por los mismos hechos. To determine in Colombia the "natural judge" for the knowledge of a certain matter in criminal matters when the ordinary criminal and military and police criminal jurisdictions claim or exclude it, has been delegated by the political constitution of Colombia in 1991 in an exceptional and transitory manner to the extinct and later resuscitated superior council of the judicature.
It is praiseworthy to point out that in Colombia, besides the ordinary criminal justice system, there is a special criminal justice system in charge of investigating and prosecuting the members of the public force, -military and police- who, in active service, carry out criminally punishable conducts that derive from the work or mission endilgada to these in the political letter, in the laws or regulations, that is to say, that this action must be related to the service.
It is perceived, of course, that there is no unanimity on the part of the members of the upper council chamber of the judiciary in these aspects, where the magistrate-speaker reigns one position or the other, leaving a magnanimous matter such as this one at will.
This legal uncertainty as a result of the disparity in criteria in the judicial praxis in Colombia, has led to the lack of substantive decisions in a jurisdictional jurisdiction conflict between the military criminal justice and ordinary criminal justice contributes to congestion due to judicial delay and affects fundamental rights, among others, the human dignity of the recipient of the criminal law - member of the public force -, transgression of due process, violation of the principle of the natural judge and the principle of not being subjected to two criminal investigations for the same facts .
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