El largo proceso que supuso la adhesión de España a la Unión Europea el 1 de enero de 1986 debe situarse en primer lugar en el contexto de los proyectos de construcción europea que desembocaron en la creación de estas tres Organizaciones Internacionales (C.E.C.A.; C.E.E. y C.E.E.A) con los Tratados de París y Roma en 1951 y 1957, respectivamente. En este particular proceso de integración europeo España no pudo participar desde su origen, debido a la situación de aislamiento internacional del régimen dictatorial del General Franco y la penuria económica de nuestro país tras la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial.
En los años 60 del siglo XX esta situación fue cambiando y propició las primeras solicitudes de ingreso en las Comunidades por parte del Gobierno Español en 1962 y 1964 que, si bien fueron rechazadas, dieron lugar a la firma del Tratado Preferencial entre España y las Comunidades Europeas en 1970.
Tras el inicio de la transición democrática en nuestro país, que culminó con la Ley de Reforma Política de 1977 y la adopción de la Constitución Española de 1978, se renovaron los esfuerzos diplomáticos, políticos y económicos para lograr que la petición formal de adhesión de España a las Comunidades, de 28 de julio de 1977, tuviera finalmente éxito.
Se inicia así un largo período de negociación (1977-1985) con las instituciones comunitarias y los Estados miembros que resultó muy complejo por diversos motivos, objeto de análisis también en nuestro estudio.
Desde la perspectiva actual, y tras más de 30 años de pertenencia a la hoy Unión Europea, hemos podido constatar que las dificultades que hubieron de superarse para lograr la adhesión de España a la U.E. no han supuesto un obstáculo al compromiso de nuestro país con el futuro de Europa; por el contrario, España se ha convertido en uno de los miembros más activos y comprometidos con este proceso de integración supranacional único en el panorama internacional del siglo XXI.