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Resumen en español

El desarrollo de la Constitución Política de Colombia de 1991 evidenció la importancia de contemplar las relaciones económicas y sociales. Así entonces, en Colombia se implementó desde la expedición de la carta política un sistema económico de economía social de mercado. Ahora bien, en virtud de lo anterior el estado tiene la obligación y la necesidad de intervenir en la economía, en cumplimiento de las asignaciones consagradas por nuestra Constitución Política, con el fin de proteger la libertad de empresa, la libre competencia y los derechos de los consumidores, usando el derecho penal como instrumento para sancionar las conductas que vulneran el bien jurídico del orden económico y social en el caso concreto de la distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo, teniendo en cuenta que es un servicio público domiciliario que atiende necesidades básicas de todos los individuos. El presente artículo, desarrolla un análisis de los tipos penales que ha creado el legislador colombiano para la protección de la libre empresa y la libre competencia, desde el panorama de las conductas desplegadas por las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo en las actividades de distribución y comercialización minorista.