[ES]La Constitución Española de 1978 (CE) consagró, en su Art. 24, el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. Dicho precepto, en su
apartado primero, estableció el llamado derecho al recurso o acceso al
juez, el cual se manifiesta, entre otros, mediante el derecho a la tutela
cautelar, instrumento garante de la efectiva tutela jurisdiccional.
En esta interpretación del contenido de la tutela judicial efectiva fue
pionero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, por su influencia,
devino en el ordenamiento contencioso-administrativo Español
una ampliación del modelo originario y tradicional de medidas cautelares
basado en la excepcionalísima y única medida de suspensión
del acto administrativo. Este derecho fundamental obligó a compatibilizar
el privilegio de autotutela de la administración y su principal efecto:
la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo con la utilización,
por parte del juzgador, de las medidas cautelares necesarias y
adecuadas para garantizar la finalidad legítima al recurso o la efectividad
de la sentencia.
